Arrestada en CDMX, enfrenta una investigación por un presunto desvío de recursos en Quintana Roo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la detención de Roxana Lili Campos Miranda, ex presidenta municipal de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, quien es investigada por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de servicios municipales.
De acuerdo con la dependencia, la orden de aprehensión fue ejecutada la noche del jueves en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las investigaciones señalan que, durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024, en la administración encabezada por Campos Miranda, se adjudicaron presuntamente de manera irregular tres contratos a una empresa particular para realizar servicios especializados de lavado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Según la Fiscalía, los servicios no habrían sido proporcionados en los términos establecidos, pese a que se efectuaron pagos que en conjunto superan los 62 millones de pesos, cantidad que representaría un posible daño a las finanzas públicas municipales.
Entre las inconsistencias detectadas, la autoridad destacó que la dependencia contaba con un parque vehicular de 123 unidades, mientras que el proveedor reportaba hasta 865 servicios de lavado en un solo mes, incluso sin días de descanso, a pesar de disponer únicamente de 15 empleados.
Asimismo, la investigación identificó presuntas irregularidades en la documentación fiscal, debido a que el proveedor no habría presentado los comprobantes fiscales digitales (CFDI) correspondientes a los primeros contratos. No obstante, los pagos continuaron realizándose.
La FGE también investiga la posible responsabilidad de otros servidores públicos municipales, quienes presuntamente no cumplieron con sus funciones de supervisión y verificación para garantizar que los servicios contratados se llevaran a cabo y que los pagos contaran con el respaldo documental correspondiente.
Con la ejecución de esta orden de aprehensión, las autoridades buscan esclarecer las presuntas irregularidades cometidas durante el periodo de gobierno de la exalcaldesa y determinar las responsabilidades legales que correspondan.
Cabe señalar que las acusaciones forman parte de una investigación ministerial y será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de la exfuncionaria.





