Cancún se volvió sede de la batalla campal que taxistas sostienen contra conductores de Uber desde que la plataforma fue beneficiada por el fallo tajante que invalidó la Ley de Movilidad que Quintana Roo lanzó en 2018. Esa ley establecía que conductores de Uber y apps similares debían operar solo si tenían una concesión, tal y como lo hacen los taxistas.
El siguiente paso legal, aclaró poco después Quintana Roo, no es que Uber pueda operar libremente, sino que una nueva Ley de Movilidad debe ser formulada y, si todo va bien, estará lista antes del 26 de febrero.
Para alcanzar el ambicioso plazo, el gobierno del estado lanzó hace unos días un formulario de Google Docs al que llamó “Micrositio de Movilidad: Hacia la Construcción de una Nueva Ley“.
El formato fue hecho para recabar recomendaciones, sugerencias, opiniones y todo lo que cualquier persona pudiera abonar para que la nueva ley se construya y se publique rápido. La rapidez es un valor en tiempos en que la vialidad está secuestrada por manifestaciones y hay cobros de derecho de piso por hasta 30,000 pesos a conductores de Uber.
La intención es clara: que el actual período sin norma ni ley se acabe pronto.
Según la secretaria de Gobierno Cristina Torres, aunque no hay un plazo forzoso. A propósito de la utilidad del formulario de Docs publicado por el gobierno local, “algunos han presentado proyectos de iniciativas de ley, otros han presentado proyectos de sugerencia del marco normativo“, dijo la funcionaria.
Con o sin ayuda, pase lo que pase, Quintana Roo debe crear una Ley de Movilidad que no obligue a conductores de Uber a tener que tramitar las concesiones que utilizan taxistas.
Las opciones no son muchas, el gobierno local puede optar por establecer en la ley que los conductores no deben realizar trámite alguno, puede mandar a hacer una base de datos con información de los conductores o, incluso, puede crear un nuevo modelo de permisos que el estado nunca ha visto y que aplicaría solamente para conductores, una idea que, de hecho, sí considera una propuesta de ley que sería aplicable para repartidores de apps en ese mismo estado.
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