Rappi, la plataforma de entrega de comida a domicilio, se pronunció en contra del dictamen de reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que plantea un impuesto de 2 por ciento sobre el monto que cobra la plataforma por cada servicio que presta.
Fernando Cota, director de Asuntos públicos de la compañía de origen colombiano, dijo que además el dictamen aprobado en comisiones establece que los operadores deben solicitar una especie de permiso al gobierno de Quintana Roo para poder operar, por lo que se desvirtúa la mediación entre particulares que es el origen de este tipo de servicios.
Dicho permiso deberá ser expedido por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.
El directivo adelantó que el cobro de 2 por ciento se pretendió también cobrar en Ciudad de México, pero se fueron al amparo y se declaró inconstitucional, por lo que no descartó que en Quintana Roo hagan lo mismo, pues tan sólo en Rappi se afectaría a dos mil operadores, sin contar con el resto de las plataformas que brindan este mismo servicio.
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